En el primer párrafo del MANIFIESTO aprobado por AETU en mayo de 2023 se decía lo siguiente: AETU, consciente de la progresiva ralentización de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial a lo largo de las últimas décadas, MUESTRA su preocupación por la falta de una adecuada aplicación de los principios de eficacia y celeridad en su tramitación…
La regulación pormenorizada destinada a evitar la especulación y la corrupción, al tiempo que dirigida a proporcionar seguridad jurídica, ha propiciado la enorme complejidad de la tramitación administrativa y de la toma de decisiones, en detrimento de la eficacia. A ello se une la vinculación entre el proceso de planeamiento/gestión y los ciclos económicos. Su conexión en el tiempo es del todo imposible, lo que lleva a la obsolescencia de los planes y a la pérdida de oportunidades de la actividad económica.
El proceso enjuiciador de los tribunales, además de consumir sus propios tiempos, suele acabar en sentencias de nulidad, normalmente por motivos formales.
Se ha llamado también la atención sobre los efectos de una técnica normativa deficiente ante el carácter abierto y complejo de los procedimientos urbanísticos, abonado todo ello por el altísimo nivel de discrecionalidad en la toma de decisiones. Incluso en los casos de procedimientos reglados, el empleado público acaba armando defensivamente una posición resistente, como respuesta miedosa de autoprotección frente al riesgo.
La responsabilidad en todo tipo de órdenes se caracteriza por la permanencia del principio de responsabilidad personal, contrariamente a lo que sucede en Francia, donde el sistema jurídico se muestra especialmente tolerante con el error.
En definitiva, se ha producido el fenómeno ampliamente estudiado de la administración defensiva o “miedo a la firma”, caracterizado por el comportamiento pasivo o de abstención y que se vincula a la autoprotección ante una alta percepción de riesgo, que puede llevar incluso a la parálisis. Las decisiones defensivas no se toman nunca en interés de la organización, sino como forma de protección del empleado, y por ello pueden ocasionar más daño.
Partiendo de posiciones proactivas y de apoyo a los gestores públicos y nunca desde la crítica generalizada, el debate que plantean AETU y el Colegio de la Abogacía de Barcelona pretende proponer líneas de actuación para mejorar los procesos decisorios de las administraciones públicas.
